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lunes, julio 26, 2021

Impacto financiero de declarar el agua como bien nacional de uso público

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Impacto financiero de declarar el agua como bien nacional de uso público

 Uno de los temas de mayor relevancia e interés público, que se discutirá en la próxima Convención Constitucional, será el agua y su regulación en la Carta Fundamental.

Dado que una cantidad importante de los convencionales electos se inclina por declarar el agua como un derecho humano básico y como un bien nacional de uso público, y que está latente la discusión sobre la propiedad privada del agua, también se podría asociar este tema con factores propios del deterioro de activos.

Así lo estima Robinson Lizana, socio de Auditoría de Grant Thornton Chile, quien fundamenta que al deterioro de activos que las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS) requieren considerar de manera especial, esto es, que si un activo -en este caso los derechos de aprovechamiento de aguas- llegara a presentar deterioro, cabría esperar que las empresas reconozcan la pérdida correspondiente en sus Estados Financieros (EEFF).

Si en la Convención se aprueban cambios como los mencionados, el valor de los derechos de agua podría verse afectado desde el momento en que se promulgue la nueva Constitución, más aún si el efecto de dichos cambios es retroactivo.

Considerando los plazos del proceso constituyente, y en particular las decisiones que se adopten en torno a este recurso, eventualmente estas podrían llegar a ser un factor de deterioro con su debida consideración en los EEFF. Por lo cual, “las empresas debiesen estar desde ya observando atentamente la valorización de sus activos por derechos de agua, incluyendo su vida útil cuando sea el caso, y al mismo tiempo sus modelos de valorización y de deterioro”, indica ejecutivo de Grant Thornton Chile.

Varias consideraciones

Hay varias consideraciones que justifican que el asunto vaya atrayendo la atención de las empresas que poseen estos activos.

Una se relaciona con aspectos metodológicos; por ejemplo, las hipótesis financieras vinculadas a la evolución futura del negocio y la tasa de descuento a aplicar, los cuales son los principales factores que participan en el cálculo del valor en uso de un activo en contextos de test de deterioro.

Otra es que la eventual incertidumbre gatillada por el proceso constitucional llegue a ser considerado o no un indicador de deterioro. En este punto, señala Robinson Lizana, será importante remarcar que si se producen cambios en las circunstancias que den lugar a nuevos indicios de deterioro, será necesario efectuar más de un test de deterioro al año, lo que precisamente se conocerá en la medida del avance y las definiciones que sean tomadas por los convencionales.

Un activo presentará indicios de deterioro si se estima que su valor contable no será recuperable a través de su uso o venta. A su vez, el valor recuperable de un activo es el mayor entre el valor razonable menos los costos de venta y su valor de uso.

Cabe señalar, asimismo, que la NIC 36 exige que los activos intangibles con una vida útil indefinida (como muchos derechos de agua y similares registrados), junto a los intangibles que aún no estén listos para su uso previsto, se sometan a pruebas de deterioro al menos anualmente. En el caso de otro tipo de activos que entran en el ámbito de aplicación de la norma, las sociedades están obligadas a comprobar el deterioro del activo cuando haya indicios de ello.

Adicionalmente, en el futuro la tasa de descuento utilizada para descontar los flujos de caja deberá reflejar el riesgo del activo o la Unidad Generadora de Efectivo, por lo que la aparición de hechos y circunstancias no previstos pueden generar un incremento de dicho riesgo.

Por lo tanto, en un escenario como el actual, donde permanentemente se conocen puntos de vista tajantes de los convencionales en relación con nacionalización y recuperación de recursos naturales, existe por cierto la posibilidad de que surjan circunstancias no previstas o que enreden el ámbito del derecho de propiedad y de uso de activos como los derechos de agua, concluye ejecutivo de Grant Thornton Chile.

 

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