Al debate la reforma al Código de Aguas con críticas de gremios empresariales

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Al debate la reforma al Código de Aguas con críticas de gremios empresariales

La reforma al Código de Aguas , tras el inserto firmado por los principales gremios empresariales del país, donde indicaron que la modificación que actualmente se tramita en el Senado afectará el derecho a la propiedad y la certeza jurídica.

documento publicado el domingo pasado en 18 diarios nacionales, fue firmado por la Confederación de la Producción y Comercio, la Sociedad Nacional de Agricultura, la Cámara Chilena de la Construcción, la Cámara Nacional de Comercio, la Sonami y la Asociación de Bancos.

¿Cómo se gestó este llamado de atención? Fuentes de la industria señalan que el articulador de este comunicado que se publicó en 18 periódicos del país este domingo , fue el presidente de la sociedad nacional de agricultura ( ANS ) , Ricardo Ariztía . El mismo dirigente admitió que “la reforma al Código de Aguas es algo que se viene conversando en los comités de la CPC (Confederación de la Producción y del Comercio) desde siempre. Y el inserto estaba consensuado desde hace mucho tiempo, debido a que el proyecto de ley afecta problemas transversales”.

De las seis ramas de la CPC, sólo cinco estamparon su firma individualmente: la minería, la construcción, la banca, el comercio y la SNA. La Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) no suscribió el documento, sino que aparece representada a través de la CPC de la cual forma parte. De acuerdo a Ariztía, la ausencia de la Sofofa se debió a un hecho circunstancial: “El único gremio que no estuvo en la firma del inserto es la Sofofa, debido a que su presidente no estaba en Chile el viernes cuando se redactó la declaración final”.

El 31 de enero ingresó a la Cámara de Diputados la indicación sustitutiva que modifica el Código de Aguas en materia de seguridad hídrica, gestión sustentable de aguas subterráneas, prioridad para el consumo humano, usos no extractivos y derechos de agua para conservación, entre otras, cuyo gasto fiscal durante el primer año en vigencia asciende a $2.253 millones.

Así se desprende del informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres), que detalla la estructura de gastos que tendría el proyecto de ley, en materia de planes estratégicos relacionada y Panel de Expertos.

El impacto financiero, considerando las iniciativas de inversión asociadas a los planes estratégicos de gestión de recursos hídricos en las principales cuencas y subcuencas del país, que deberá elaborar la Dirección General de Aguas, generará el primer año de entrada en vigencia un gasto fiscal de $2.088 millones. Se propone realizar 10 planes estratégicos durante los próximos 10 años, lo que permitirá abordar las 101 cuencas del país.

Este monto se incrementará progresivamente y marcará el punto más alto en el noveno año en vigencia, con $2.875 millones en gastos. En régimen, el levantamiento de la información necesaria para su redacción implica un costo fiscal de hasta $492 millones.

A esto se suma gastos en personal del Panel de Expertos que estará compuesto por cinco profesionales. El funcionamiento de este panel tiene un costo de $165 millones. En este caso, el gasto es el mismo desde el primer año de entrada en vigencia de la ley y en régimen. Dicho panel, que busca reducir espacios de discrecionalidad, deberá entregar su recomendación a las decisiones de la Dirección General de Aguas que tengan impacto sobre la sustentabilidad de los recursos hídricos.

El gasto fiscal que representa la aplicación de la ley durante su primer año de vigencia se financiará con cargo al presupuesto vigente del Ministerio de Obras Públicas. Si falta será con cargo a la partida presupuestaria del Tesoro Público. Para los años siguientes se financiará con cargo a los recursos que se contemplen en las respectivas leyes de presupuestos.

No caducidad de derechos

“En un modelo de gestión del agua con participación privada, es fundamental que exista certeza jurídica de los derechos de aprovechamiento de aguas”, dice la indicación.

“Por ello, se propone no innovar respecto de las características de los derechos que se establecen en el Código vigente. Es decir, se propone mantener las características de duración, transferibilidad y no caducidad de los derechos”, agrega el documento.

La administración anterior planteó que la caducidad y la temporalidad de los derechos eran aspectos claves a modificar para dar prioridad a la población y, también para mejorar la conservación ambiental.

La indicación, por otra parte, amplía las facultades existentes en el Código vigente para expropiar derechos de aprovechamiento de aguas y para constituir reservas de agua, no solo para consumo humano sino también para conservación. Aunque la disposición vigente sobre expropiación de derechos de agua para consumo humano no se ha aplicado, a pesar de los graves problemas de abastecimiento que se han suscitado en zonas específicas en los últimos años.

Las indicaciones

  • Nuevos derechos de agua se asignan por remate de manera indefinida.
  • Aumento progresivo de la patente por no uso de los derechos de aprovechamiento.
  • Elaboración de planes estratégicos de gestión de recursos hídricos.
  • Creación de derechos de agua destinados a conservación.
  • Perfeccionar normas para la gestión sustentable de los acuíferos.
  • Creación de un panel de expertos en recursos hídricos, para mejorar la toma de decisiones.
  • Agilizar trámites de constitución, modificación y regularización de derechos de aprovechamiento de aguas.
  • Se reconoce el rol de las organizaciones de usuarios de agua en la gestión de recursos hídricos.
  • Se crea una Comisión Interministerial de Recursos Hídricos.

En tanto la directora ejecutiva de Chile Sustentable, Sara Larraín, aseguró que la reforma es fundamental para terminar con la crisis de agua en zonas rurales y las cuencas del país.

De aprobarse la modificación al Código de Aguas, el 90% de las aguas superficiales del  país ha sido concedido a empresas privadas, mientras que el 10% restante será  otorgad en forma de concesión de forma temporal y renovable a 30 años

La pregunta es ¿ como el congreso , el poder ejecutivo que son las instituciones que por mandato constitucional están para cuidar y abastecer a los chilenos , areglan eso en cuatro paredes y no en un plebiscito ?

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